20 de febrero del 2012

El iceberg de los textos escolares: el derecho a la educación

Detrás del debate sobre los textos escolares existe un iceberg. No es un asunto puramente técnico pedagógico, sino tema de interés público que alude directamente al pleno ejercicio del derecho a la Educación.

Pensar en la Educación como un derecho ha sido durante muchos siglos una utopía, que logró alcanzarse en el espacio público. La escuela pública se constituyó en un instrumento poderoso para hacer efectiva a la igualdad de oportunidades y el derecho universal a la Educación.

Pero la Educación pública viene sufriendo desde décadas atrás un grave deterioro, que coincide históricamente con la implantación de un modelo que no puso control al mercado. Este, en lugar de ser regulado por el Estado (garante del bienestar común), fue postulado como rector y locomotora del desarrollo. Sectores ultra conservadores plantearon que la expansión irrestricta del mercado chorrearía espontáneamente beneficios para todos. Mientras tanto se redujo fuertemente la inversión pública en políticas sociales y Educación.

Hoy sabemos que el crecimiento del sector privado en Educación en el terreno del mercado no ha producido un efecto igualador. Por el contrario, lo que ha chorreado es mayor desigualdad, aumentando la brecha entre Educación privada y pública. Pese a que el promedio de comprensión lectora en el país ha crecido (de 15,9% en el 2007 a 28% en el 2010), la distancia entre los logros de aprendizaje del sector privado y el sector público es mayor hoy: 25,8% que hace 4 años: 21,1% (MINEDU). Esto ocurrió a la par del crecimiento silencioso de la Educación privada, de modo que actualmente alrededor del 30% de la Educación básica se encuentra en manos privadas (hace 10 años era solo el 16%).

El crecimiento de la Educación privada ha afectado a familias de escasos recursos que se han visto obligadas a migrar a escuelas privadas como medio de escape de una Educación pública que ya no les garantiza el derecho a la Educación. Son estas mismas familias las que hoy se ven sometidas a los intereses de editoriales y colegios que incurren en prácticas abusivas y no éticas en relación a la venta de textos escolares.

Corresponde al Estado intervenir con políticas de carácter general, que involucran también a las escuelas privadas, justamente cuando la práctica de estas últimas vulnera o afecta el derecho a la Educación. Naciones Unidas señaló claramente que uno de los principales motivos para incluir la Educación entre los derechos humanos era que su realización no dependiese del mercado libre. Hoy la punta del iceberg nos muestra que lo que está en contraposición es el interés de las editoriales de elevar sus ventas a costa de presionar vía los colegios a las familias a adquirir nuevos textos cada año, versus el interés superior de los niños y adolescentes a tener una escuela gratuita de calidad y ejercer plenamente su derecho a la Educación. Si priorizamos lo segundo, necesariamente tenemos que hacer dos cosas: fortalecer la escuela pública (en peso y calidad) y vigorizar el rol del Estado como regulador de la acción privada en Educación. Es decir reposicionar el espacio de lo público para garantizar el derecho a la Educación.